El inicio del año tiene un vértigo que, al parecer, marca el ritmo con el que transitaremos los próximos meses. Tal como señalamos en el último número de diciembre de 2025, “luego de las elecciones, el Gobierno Nacional ha decidido avanzar a fondo con la reforma del Estado y, con la nueva conformación de las Cámaras a partir del 10 de diciembre de 2025, ya se discuten en sesiones extraordinarias leyes como la Reforma Laboral (Modernización Laboral), la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares, la reforma al Código Penal y la Ley de Presupuesto 2026”.

Así se han desarrollado estos primeros meses del año, en los que los ciudadanos hemos asistido a intensos debates y, en algunos casos, a una suerte de espectáculo parlamentario, donde las negociaciones y los intereses sectoriales, corporativos y territoriales han prevalecido por sobre el interés general y nacional. En el balance general, lo que algunos consideran un triunfo político podría tener un efecto boomerang, ya que se anticipa una catarata de presentaciones judiciales por la presunta inconstitucionalidad de algunas normas aprobadas y por el posible incumplimiento de tratados internacionales. Esta situación vuelve a poner en discusión la inseguridad jurídica para quienes tienen intenciones de invertir en nuestro país.

En el plano internacional también se observa una aceleración en la disputa geopolítica entre las grandes potencias —Estados Unidos, Rusia y China— por el control de recursos estratégicos y, en algunos casos, de territorios que consolidan sus hegemonías comerciales y militares. La guerra arancelaria, las intervenciones militares y el desconocimiento de acuerdos y normas de organismos internacionales como la ONU, la OEA o la OTAN muestran hasta dónde están dispuestas a llegar estas potencias en defensa de sus intereses.

Un ejemplo extremo de esta escalada se produjo el sábado 30 de marzo, cuando Estados Unidos, junto con el Estado de Israel, bombardeó Irán. Entre los objetivos atacados se mencionaron lugares estratégicos y la residencia del ayatollah Ali Khamenei, lo que habría provocado su muerte, la de su esposa y la de varios miembros de su Estado Mayor. El hecho desencadenó una respuesta militar de ese país contra los agresores y contra varios aliados en la región, escalando un conflicto armado cuyos alcances y consecuencias mundiales resultan aún imprevisibles. El gobierno de nuestro país, dejando nuevamente de lado la tradición histórica de neutralidad, celebró la acción bélica en línea con su conocida alineación con Estados Unidos e Israel, lo que para algunos analistas coloca a la Argentina en una zona de riesgo geopolítico.

El primero de marzo asistimos en el Congreso de la Nación a la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias y al inicio formal del año legislativo, con el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. 

En su exposición, el gobierno ratificó el rumbo económico trazado y desarrollado en estos dos años de gestión, y anticipó el envío de una serie de leyes y reformas destinadas a consolidarlo. Más allá de destacar la baja de la inflación, la política de no emisión monetaria, la reducción del Estado y el cierre de dependencias públicas, nada se dijo acerca de la caída del consumo ni de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios públicos y privados. Asimismo, se reafirmó la decisión de no invertir en infraestructura pública y de mantener restricciones presupuestarias en áreas sensibles como la universidad y la salud.

El presidente defendió también la apertura económica y justificó el cierre de diversas ramas de la producción nacional que, según el gobierno, subsistían gracias a subsidios y protecciones estatales. Algunos analistas sostienen que este rumbo conduce inevitablemente a un “industricidio”, que podría dejar muchas más empresas cerradas que las ya 22 mil que han cesado sus actividades, con la consecuente pérdida de empleos. En este sentido, la Unión Industrial Argentina (UIA), en un comunicado del 3 de marzo, pidió respeto por las afirmaciones del presidente Milei contrarias a la industria nacional contenidas en su discurso y recordó al presidente Carlos Pellegrini, quien en 1892 lanzó el lema: “Sin industria no hay Nación”.

Otros sectores sostienen que el país se encamina hacia una primarización de la economía, sustentada en un modelo extractivista basado en la explotación de recursos naturales, particularmente en la minería, los hidrocarburos y el sector agropecuario.

En nuestra provincia también se inició la actividad legislativa. En su discurso de apertura del período de sesiones, el gobernador Carlos Sadir destacó un importante plan de obras de infraestructura hídrica, vial y habitacional, financiado con recursos propios y con un permiso de endeudamiento externo aprobado en el presupuesto provincial 2026. Sin embargo, nada se dijo respecto de cómo actuará el gobierno provincial en relación con la Ley de Glaciares aprobada a nivel nacional, de la cual dependen numerosas inversiones en el sector minero.

En este contexto, nuestro Colegio se ha propuesto para este año continuar gestionando iniciativas legislativas clave, como la Ley de Seguridad Eléctrica y la modificación de la Ley de Colegiación Nº 4430. Asimismo, reforzaremos el ejercicio del poder de policía y el control del ejercicio profesional en la provincia, interactuando activamente con organismos públicos y privados.

También continuaremos con las mejoras edilicias previstas en el proyecto de refuncionalización de nuestra sede y estamos elaborando un importante plan de capacitación profesional, para el cual se destinará un presupuesto significativo que permita atender las demandas de actualización de las distintas especialidades.

Resulta especialmente alentador señalar que, durante el último año, se registraron en nuestro Colegio 70 nuevos ingenieros e ingenieras matriculados en diversas especialidades, un dato que refleja la vitalidad de la profesión y el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo de nuestra provincia.