PROYECCIÓN

La lucha y la defensa de los trabajadores y profesionales de Vialidad Nacional, junto con el acompañamiento de numerosas instituciones y ciudadanos, obtuvo un triunfo parcial con la caída del decreto 461/25 del PEN, que disponía su disolución. Se trató de un gran ejemplo de resistencia y organización frente a una medida injusta que mantenía en incertidumbre a todo el personal del organismo, y que fue finalmente rechazada por los legisladores nacionales. Estos sostuvieron que ni Vialidad Nacional ni organismos como el INTI, el INTA o el Banco Genético estaban alcanzados por el DNU 70/25 de desregulación, además de que la medida excedía las bases de la delegación de la Ley 27.742.

Fueron meses en los que los argentinos comprendimos, a partir del conocimiento de las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificación del sistema troncal de caminos nacionales, el valor estratégico de este organismo para la estructuración de un sistema federal de transporte terrestre y comunicación vial. Esa función solo fue posible desde su Ley de creación N.° 505/1958, a lo largo de 67 años, bajo un sistema de autarquía funcional, económica y administrativa.

Ahora el desafío es mayor. Seguramente el vaciamiento de recursos profesionales y técnicos continuará, y la falta de presupuesto será la herramienta utilizada para volver ineficiente al organismo.

El nuevo reto consiste en fortalecer y jerarquizar a Vialidad Nacional, dotarla de más técnicos y profesionales y, fundamentalmente, crear mecanismos que garanticen transparencia y control tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras, así como en la productividad. Esta es una tarea que involucra a todos y cada uno de los trabajadores del organismo, en pos de consolidar el crecimiento y la expansión de la vialidad nacional. Es imprescindible que los distritos vuelvan a estar dirigidos por ingenieros profesionales, formados y capacitados, que conozcan la realidad del territorio y estén dispuestos a poner su conocimiento al servicio de las necesidades viales, la seguridad y el desarrollo regional, especialmente en zonas que aún requieren buenos sistemas camineros, como el caso del corredor bioceánico.

Asimismo, resulta indispensable implementar un sistema de supervisión y auditorías que optimice los controles y garantice la transparencia en la ejecución de las obras, asegurando a los ciudadanos que cada peso invertido en rutas nacionales está bien administrado. Esto cerraría cualquier posibilidad de maniobra de corrupción que ponga en duda el valor del organismo y evitaría que, nuevamente bajo el pretexto de la PPP (participación público-privada), el país se divida en “hijos y entenados”, como sucedió con los ferrocarriles, dejando amplios territorios sin servicio. Tampoco debe desmembrarse un sistema federal entregando la responsabilidad a las provincias, ya que la estructura actual ha demostrado ser la más adecuada para un país con 5.500 km entre sus puntos más extremos. En este marco, la apropiación por parte de la Nación de los fondos provenientes de combustibles que por ley corresponden a las provincias constituye otra necesidad planteada por los gobernadores, y debe ser atendida con decisión por sus representantes en el Congreso.

Finalmente, en lugar de disolver la DNV, es necesario impulsar una reforma y modernización que asegure su continuidad institucional, fortalezca técnicamente a todo su personal, incorpore la mejor tecnología para lograr eficiencia operativa y garantice la transparencia en la gestión de recursos. Por encima de todo, se debe preservar el capital humano formado y especializado a lo largo de los años, consolidar su capacidad de planificación y supervisión, y garantizar tanto la continuidad de las obras como el mantenimiento del sistema de rutas nacionales.

EL DECRETO 461 Y LOS RIESGOS SOBRE EL SISTEMA VIAL

En diálogo con Proyección, el Ing. Guillermo Zuñiga expresó su preocupación frente a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo nacional mediante el Decreto 461, que afecta directamente al organismo y a la administración de las rutas del país.

– ¿Cómo describiría a Vialidad Nacional y cuál es su rol?

– Vialidad Nacional es un ente rector autónomo, autárquico, descentralizado y federal. Tiene a su cargo la planificación, ejecución y mantenimiento de la red vial nacional, que es fundamental para la conectividad y el desarrollo del país.

– ¿Qué impacto genera el Decreto 461?

– Ha provocado gran incertidumbre. Actualmente, alrededor del 10% de la red troncal se encuentra concesionada, pero el 90% restante quedaría en una situación incierta. ¿Pasará a manos de las provincias? ¿A entidades privadas? El Gobierno estima que podrían ejecutarse obras de mantenimiento, pero la inversión es tan grande que será muy difícil sostenerla.

– ¿Qué consecuencias tendría esta posible disolución?

– Una medida de este tipo no solo afectaría a la red vial, sino también a la imagen y la honestidad del trabajador vial. Lamentablemente, se ha intentado difamar el desempeño de nuestro sector, pese al compromiso demostrado durante años.

– ¿Han recibido respuestas de referentes políticos?

– Hemos planteado esta preocupación a diputados, senadores, gobernadores e intendentes, pero aún no recibimos una respuesta concreta. Necesitamos su apoyo.

– ¿Qué reclamo puntual hacen los trabajadores de Vialidad?

– Pedimos que el fondo que proviene del impuesto al combustible no sea malversado por la política de turno. Como ciudadanos y trabajadores, queremos garantizar que esos recursos se destinen realmente a las obras que el país necesita.

– ¿Cuál es el pedido que le realiza a la comunidad?

– Queremos que se entienda que Vialidad no es solo una institución: es soberanía. Por eso no debe ser privatizada. El futuro de nuestras rutas y la integración territorial de la Argentina dependen de ello.