Como era de esperar, estamos transitando los meses en los que la actividad electoral de nuestro país tiñe todas las acciones de la administración nacional y provincial. Las elecciones para el recambio de representantes en las cámaras se desarrollan en distintos momentos en cada provincia, y avanzamos hacia la elección general de octubre. Al mismo tiempo, asistimos a un escándalo nacional a partir de la difusión de audios que inducirían a un nuevo hecho de corrupción por parte de funcionarios nacionales.
En este marco, mientras se intenta mantener el control sobre la inflación, los informes económicos señalan que desde abril la economía se encuentra estancada, con la excepción de la minería. La caída de varios sectores como hoteles y restaurantes (-26,3%) y construcción (-25,7%), sumada al dato de que el crédito fue menor a los depósitos, configuran un estado de recesión que explica en parte el estancamiento general.
El turno electoral condiciona y retrasa muchas acciones vinculadas con nuestras gestiones, en particular aquellas relacionadas con leyes como la de seguridad eléctrica, otras de impacto institucional o la necesaria reformulación de algunos organismos del Estado que inciden en el trabajo profesional.
Luego del intento fallido de disolver, mediante el Decreto 461/25, la Dirección Nacional de Vialidad, el Gobierno Nacional, a través de su viceministro de economía, José Luis Daza, reconoció que la profundidad del ajuste aplicado a la obra pública es “insostenible”. La Cámara Argentina de la Construcción sostiene que con el nuevo gobierno se paralizaron 3.500 proyectos. Esto se evidencia en numerosas provincias, donde los carteles en las rutas nacionales advierten que su deterioro o abandono es responsabilidad del Estado Nacional. En los últimos días trascendió que podrían licitarse rutas y otras obras con participación del sector privado; sin embargo, sigue latente el recuerdo del fracaso de las PPP (Participación Público-Privada), truncadas por la inestabilidad del dólar, las altas tasas y las garantías excesivas impuestas a las empresas.

Mientras tanto, los gobernadores de la mayoría de las provincias impulsan una ley que distribuya los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) asignándolos de acuerdo con el porcentaje de la distribución secundaria que les corresponde por Coparticipación Provincial. De ese modo, las provincias podrían atender obras públicas que la Nación no ejecuta.

En nuestra provincia, el gobierno hace esfuerzos por mantener el nivel de obras, muchas con recursos propios y otras con créditos internacionales. En este sentido, se licitó la obra de viviendas para ingenieros que se informa en uno de los artículos de esta edición. Finalmente, la misma fue declarada desierta y tiene fecha de nueva licitación para el 22 de septiembre. En esta oportunidad se presentaron 77 colegas, quienes entregaron sus carpetas para participar del plan. Actualmente se avanza en el proceso de revisión y control de la documentación, con el objetivo de fijar un criterio para la selección de los 24 postulantes finales.

La incidencia de la paralización de la obra pública obliga a nuestro Colegio a realizar esfuerzos económicos adicionales. En este marco, se resolvió trasladar las oficinas del Centro de Ingenieros y de INCOTEDES al segundo piso, siguiendo el proyecto institucional presentado hace dos años y con la intención de mejorar la renta del edificio, junto con la refuncionalización de otros espacios.

Las inversiones en minería sostienen un nivel de obra privada que demanda profesionales locales y explican en gran medida que la actividad económica de la provincia mantenga un cierto dinamismo. El gobierno ha firmado un convenio, a través de JEMSE, con la empresa china Tsingshan, que dio origen a Puna Green Energy S.A., destinada a desarrollar proyectos de litio en Mina Tapada, Susques, exploración minera y transferencia de derechos en Olaroz. Al mismo tiempo, han comenzado actividades de exploración por parte de la empresa china CNRG, subsidiaria de CNRG Advanced Material, líder mundial en la producción de materiales para baterías, que adquirió a Lithium Energy el 90% de participación en el proyecto de salmuera de litio Solaroz y Jama.

En reuniones previas con autoridades de la empresa, y con el objetivo de que conocieran el funcionamiento del Colegio, solicitaron información sobre la documentación y las normas nacionales aplicables al desarrollo de proyectos. En este sentido, la Junta puso a disposición de la empresa el contacto con los ingenieros de Jujuy para su intervención en las iniciativas a desarrollar.

Finalmente, acompañando este nuevo proyecto, nuestro Colegio firmó con CNRG un convenio de cooperación destinado a promover el intercambio de información, el asesoramiento mutuo y la realización de actividades de capacitación conjunta en áreas de interés común