Terminado el turno electoral en nuestro país, es previsible que las actividades administrativas de los organismos públicos retomen su ritmo habitual. Los diputados y senadores que dejarán el Congreso el 10 de diciembre tienen, entre otras responsabilidades, la de tratar la Ley de Presupuesto para el año 2026, instrumento clave para otorgar previsibilidad a la administración de los fondos públicos, especialmente aquellos destinados a educación, salud y obra pública.

En estos días posteriores a las elecciones, el análisis de los resultados y las proyecciones sobre la conformación de la nueva Cámara arrojan miradas diversas según el sector social que se observe. El resultado, indiscutible y sorpresivo incluso para el oficialismo, produjo un efecto inmediato en el sector financiero: las acciones argentinas cotizan en alza, bajaron las tasas de interés, el peso se apreció y el riesgo país alcanzó su valor más bajo en casi medio año.

Algunos interpretan que el contundente 41 % obtenido por el oficialismo se vinculó al temor que se había instalado en parte de la población luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante la semana previa, cuando advirtió que, si el gobierno no ganaba, retiraría la ayuda concedida a Javier Milei, instalando la idea de que “es esto o el caos”. Sea cual fuere el peso de ese factor, lo cierto es que ahora se multiplican las expectativas y las exigencias para que el gobierno argentino avance con las reformas comprometidas, especialmente la impositiva, la laboral y la previsional.

Nunca antes se había observado un nivel semejante de injerencia de un Estado en las elecciones de otro país en Latinoamérica. Este fenómeno solo se explica en el marco de la disputa geopolítica que las superpotencias —Estados Unidos y China— mantienen en la región. Aún resta conocer cuáles son los compromisos asumidos por el gobierno argentino en virtud de la ayuda recibida.

También es necesario reconocer que el gobierno nacional llegó a este escenario exhibiendo equilibrio fiscal y una inflación controlada, muy distante del infierno del 268 % que soportamos en 2023, cifra que permanece viva en la memoria de amplios sectores, especialmente en el 51,7 % de la población que depende de la asistencia social del Estado. A ello se suma el preocupante nivel de participación electoral, que se ubicó en el 68 % del padrón, el más bajo desde la recuperación democrática; además de los elevados niveles de intolerancia y la baja calidad de las propuestas de parte de la oferta electoral, algunas incluso con posturas antiderechos y xenófobas.

El resultado fue tan inesperado que la mayoría de los oficialismos que, meses atrás, habían triunfado en sus respectivas provincias y municipios, perdieron representación en ambas cámaras. La nueva conformación de fuerzas y alianzas será, a partir del 10 de diciembre, la que escriba un nuevo capítulo en la política y la economía argentinas.

Sea como sea, seguimos afirmando que la obra pública debe volver a ser una prioridad del gobierno, porque es la infraestructura la que garantiza, en un territorio, el acceso a la salud, la educación y el desarrollo productivo; en definitiva, el progreso y la calidad de vida. Los gobernantes, independientemente de su color político, deben cumplir y respetar la Constitución Nacional, donde están consagrados los derechos de la ciudadanía.

Todo indica que el gobierno nacional delegará en las provincias nuevas modalidades de ejecución de obra pública. En ese escenario, la discusión central girará en torno a la generación de recursos y su distribución, a fin de asegurar que los fondos previstos constitucionalmente para infraestructura lleguen efectivamente a las provincias. Un caso a observar son las obras viales sobre rutas nacionales, hoy desatendidas por el gobierno federal: será necesario garantizar una asignación equitativa, con criterio federal y en el marco de un plan de desarrollo e integración regional, especialmente el corredor bioceánico, respecto del cual Jujuy tiene compromisos asumidos.

El gobierno provincial también sufrió una derrota electoral, a pesar de haber sostenido con recursos propios gran parte de la obra pública ejecutada en Jujuy. Formará parte de ese conjunto de provincias que deberán trabajar para que la Nación asigne los recursos que corresponde, considerando que el desarrollo argentino ha sido históricamente desigual.